Los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Francisco de Orellana en su calidad de servidores públicos municipales y autoridades competentes en el cantón están sujetos a responsabilidad penal, civil y administrativa que mana de sus actos administrativos.
Los actos que derivan de las resoluciones, disposiciones, acciones u omisiones de la JCPD deberán ser conocidos, juzgados y sancionados por las autoridades competentes. Por tal motivo cuenta con un gran equipo técnicos que esta integrado de un psicólogo, trabajo social, promoción y garantía de derechos, secretaria abogada y como personal de apoyo una notificadora.
Sin embargo, una notificadora cumple un rol tan importante y se enfrenta a grandes desafíos como es con cierres de vías, largas caminatas entre otras adversidades, con la finalidad de llegar hasta el último rincón del cantón para entregar notificaciones y citaciones que son emitidas dentro de los procesos administrativos de la institución.
